Manuel Passaglia es señalado por no haber acatado la resolución de la Corte Suprema bonaerense, que suspendía algunos puntos del Código Urbano Ambiental del distrito.

Una ONG ambientalista acusa al intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de no acatar una resolución de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que le exigía la clausura de obras en la zona de islas y caminos linderos a las playas conocidas como Barranquitas y El Arenal.

El Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) está llevando a cabo la demanda por la que el máximo tribunal provincial determinó suspender algunos puntos del Código Urbano Ambiental impulsado por el jefe comunal macrista. Sin embargo, aducen que el Ejecutivo no cumple con lo que corresponde.

El fallo disponía la prohibición del tránsito vehicular en dirección a las mencionadas playas y un freno a las obras que se llevaban a cabo en sus adyacencias ya que, según aseguraron, producían un daño irreparable en el medioambiente. No obstante, la Comuna no lo habría seguido al pie de la letra.

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“El Sr. Intendente Manuel Passaglia solo dio cumplimiento parcial a lo ordenado, en tal sentido lo único que se cumple actualmente es la prohibición del cruce automotor al sector islas, el resto del contenido de la medida cautelar es incumplido a la vista de toda la ciudadanía”, remarcaron desde FOMEA, a través de una solicitud destinada al tribunal y firmada por el abogado Fabián Maggi.

“Incumple abiertamente con la orden de clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela que se dispone en la presente; lo que incluye los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas Barranquitas y El Arenal”, detallaron en el texto.

“Asimismo, se incumple con la orden de retirar del espacio determinado en los artículos cuya vigencia se suspende por la medida que aquí se ordena todas las máquinas viales, automóviles, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas”, agregaron desde la ONG.

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En la solicitud, adjuntan fotos y videos de maquinarias trabajando en el lugar, además de artículos periodísticos de medios locales y publicaciones en redes sociales.

“Se observa en el video que la destrucción de la morfología original de la barranca es total, abarcando la corona de barranca y el pie de barranca. Con el agravante que además se trata de zona de bosque nativo categoría I de la ley 14.888. La destrucción de la zona protegida por la ordenanza 8235/12, y protegida por la medida cautelar, que se observa en las imágenes que acompañamos es lamentable, impulsada por conductas penalmente reprochables de los responsables del Poder Ejecutivo local que no aceptan encuadrar el manejo del “Parque Rafael de Aguiar” a la normativa aplicable”, explicaron.

Además, los integrantes de FOMEA argumentan que, si bien se prohibió la circulación vehicular en el puente, no se lo clausuró como estaba previsto. Por lo que tractores y vehículos utilitarios del Ejecutivo aún circulan por allí.

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“Es una maniobra de mala fe porque utiliza como excusa servir para los peatones y ciclista, cuando en realidad para dicho uso existe un puente especifico que no es el vehicular, por eso denunciamos que se trata de un incumplimiento y de una maniobra artera para continuar con el tránsito de máquinas”, cuestionaron.

Por otra parte, exigen que se le aplique una multa y se le trabe un embargo al Municipio de San Nicolás por incumplir con la orden de la Justicia.

Desde la administración de Passaglia respondieron por el mismo medio, asegurando que se está cumpliendo con la medida dispuesta por la Justicia y que la presencia de tractores y máquinas corresponde a la obligación de mantener en condiciones los espacios públicos.

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Ante esta respuesta, FOMEA redobló la apuesta y le pidió a la Corte que le dé tratamiento prioritario a la cuestión en disputa, aportando nuevas pruebas.

“Se observan enormes movimientos de tierra que importan la destrucción del bosque nativo allí existente y de la barranca”, reclamaron.

“Es indispensable una inmediata y enérgica intervención de la Corte Suprema que frene el enorme daño ambiental que la desobediencia de la orden judicial implica”, concluyeron.