Revés para el Gobierno: la justicia frenó la privatización del Banco Nación

Nuevo revés para el Gobierno por parte del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien este martes frenó la avanzada privatizadora de Milei y suspendió por medio e una medida cautelar la implementación del decreto presidencial dictado la semana pasada que convertía al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima.

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El Decreto 116/2025 habilita el ingreso de capitales privados en la entidad bancaria, prolegómeno para su privatización.

Meses atrás, el Banco Nación era parte de la lista de empresas públicas que el gobierno libertario quería privatizar pero, finalmente y con la presión de la oposición fue sacado de dicha lista en medio de las negociaciones que permitieron avanzar finalmente en la sanción de la Ley Bases.

El juez Alejo Ramos Padilla.

En ese sentido, la resolución dispuesta por el juez Ramos Padilla dispone "como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación".

Y sigue: "el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo".

Además, el juez consideró que el decreto presidencial "fue dictado en exceso" por que el Congreso Nacional cuando aprobó la Ley Bases, quitó la entidad de las empresas a privatizar, ""Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización" afirmó el magistrado.

Nuevo revés para la gestión de Milei.

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Junto con la suspensión, el magistrado le dio al gobierno nacional cinco días para que presente sus argumentos contra la demanda que se inició.