11/01/2025

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Milei impulsa la privatización de rutas clave: impacto en tarifas y polémicas

En los próximos días, el Gobierno publicará un decreto para iniciar la licitación de la "Ruta Nacional 12" y la "Ruta Nacional 14", conocidas como "Corredor 18". Este tramo conecta importantes provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Se prevé un fuerte aumento en los costos de los peajes, lo que genera preocupación en diversos sectores.

Lo que tenés que saber

  • El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas.
  • Estas rutas comprenden un 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.
  • La privatización comenzará con el "Corredor 18", que abarca 677 kilómetros entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
  • Se prevé un fuerte aumento en los costos de los peajes, lo que genera preocupación en diversos sectores.
  • La licitación de estos tramos se realizará en dos etapas: una con el Corredor 18 y otra con más de 8.400 kilómetros adicionales.
  • Las concesionarias privadas podrían asumir la gestión de estas rutas, pero expertos alertan sobre las consecuencias para los usuarios.

Privatización de rutas: ¿qué implica para los usuarios?

El Gobierno de Javier Milei avanza con un plan que propone la privatización de 9.145 kilómetros de rutas nacionales y autopistas. Estas rutas representan el 20% de la red vial del país, pero concentran el 80% del tránsito, lo que hace que la medida sea vista como una oportunidad para atraer inversiones privadas. Sin embargo, el proyecto genera diversas críticas debido a las posibles implicaciones en el acceso a las rutas y el costo de los peajes.

El proceso de licitación

En los próximos días, el Gobierno publicará un decreto para iniciar la licitación de la "Ruta Nacional 12" y la "Ruta Nacional 14", conocidas como "Corredor 18". Este tramo conecta importantes provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, siendo un eje clave para el comercio regional, especialmente con Brasil y Uruguay. El contrato actual de la concesionaria, Caminos del Río Uruguay (CRUSA), finaliza en abril de 2025, y desde 2022 está en litigio con el Estado por un reclamo de compensación de 300 millones de dólares.

El proyecto contempla dividir la licitación en dos etapas. La primera fase se centrará en el "Corredor 18", mientras que la segunda abarcará más de 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales, una empresa estatal. También se incluyen tramos no concesionados como la Ruta Nacional 33 y la Ruta Nacional 18.

El impacto de la privatización

Los sectores empresariales relacionados con la construcción de infraestructura vial consideran que, de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, solo unos 1.000 kilómetros serían rentables para colocar peajes, como los accesos a Buenos Aires y Córdoba. No obstante, el Gobierno ha planteado licitar 9.145 kilómetros, lo que podría resultar en un modelo atractivo para las empresas interesadas, pero también podría generar un fuerte aumento en los costos de peajes para los usuarios.

Desde organizaciones como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Corrientes (FEC), se plantea la necesidad de priorizar la reparación de las rutas y no solo su privatización. La preocupación crece sobre cómo este esquema afectará el bolsillo de los conductores.

Comparaciones internacionales

A nivel global, la participación privada en la inversión en infraestructura vial no supera el 15% en países desarrollados. En Argentina, los expertos indican que el mantenimiento y expansión de las rutas nacionales demandaría anualmente unos 15.000 millones de dólares, cifra que resulta difícil de financiar con el modelo propuesto por el Gobierno. Además, se advierte que este plan no solo cambiará la gestión de las rutas, sino que también repercutirá en los costos para los usuarios, con un posible aumento en los peajes.

Un debate que sigue abierto

Con el proceso de licitaciones previsto hasta julio de 2025, el debate sobre la privatización de las rutas y autopistas seguirá tomando fuerza. La cuestión sobre cómo equilibrar la necesidad de inversiones y el impacto social y económico es una de las principales preocupaciones que continuará siendo central en los próximos meses.

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