El gobierno nacional gastó 25 mil millones de pesos en alquileres de edificios donde funcionan organismos públicos

El gobierno de Javier Milei gastó alrededor de 25.600 millones de pesos durante el transcurso del año pasado por el alquiler de las oficinas donde funcionan las distintas oficinas públicas de los organismos del Estado. En promedio, mensualmente el Gobierno desembolsó más de 2500 millones de pesos para mantener en funcionamiento las dependencias.

El organismo que encabeza el ranking de gastos en alquileres es la exAFIP, con un desembolso mensual de $789 millones, seguido por ANSES ($247 millones), la Superintendencia de Servicios de Salud ($234 millones), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($198 millones), la Secretaría de Obras Públicas ($165 millones) y la Junta de Seguridad del Transporte ($150 millones). Los contratos, gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tienen una duración de entre 3 y 5 años y cubren oficinas en todo el país, con mayor concentración en regiones como Mar del Plata (28 oficinas de PAMI), Córdoba (27), Mendoza y Chivilcoy (23 cada una).

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El organismo del Estado que más gastos registró en concepto de alquileres es la exAfip, con alrededor de 789 millones de pesos.

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El dato se desprende del informe enviado a la Cámara de Diputados esta semana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en donde reconoce que 52 organismos públicos nacionales requieren de inmuebles alquilados para su pleno funcionamiento. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres más costosos corresponden a las oficinas centrales de PAMI en Avenida Corrientes 635 y Lavalle 658, que suman 14.242 m² y un costo mensual de $106,3 millones. Otros contratos significativos incluyen un anexo en Bartolomé Mitre 402 ($65 millones por 2.078 m²) y otro en Perú 169 ($45 millones por 5.885 m²).

Según lo planteado por el funcionario de Milei, el Gobierno implementó una reducción en los gastos de alquiler, aunque no se precisaron montos específicos. La estrategia incluye consolidar dependencias en edificios propios, renegociar contratos y priorizar la eficiencia operativa. Este enfoque se alinea con el ajuste fiscal que permitió un superávit primario de 1,8% del PBI en 2024, según la consultora LCG, y un recorte del gasto público del 26%, con caídas significativas en obra pública (76%) y transferencias a provincias (70%).

El ajuste en alquileres forma parte de una política más amplia para racionalizar los recursos del Estado. La AABE, encargada de administrar los inmuebles públicos, está revisando los contratos para identificar oportunidades de ahorro, especialmente en organismos con múltiples sedes alquiladas. La regionalización de los gastos, con fuerte presencia en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, también está bajo análisis para evitar duplicaciones.

La reducción de los costos de alquiler, junto con otras medidas de austeridad, busca liberar recursos para prioridades como la baja de impuestos, aunque el Ejecutivo estima necesitará un aumento de la recaudación de 1,2 puntos del PBI en 2025, según proyecciones del Ministerio de Economía.