Por orden de la justicia, la misma debe resarcir lo que género, puesto que en la zona se encontró gran cantidad de plomo.

La situación que viven los vecinos del barrio La Rotonda, pone en peligro su salud, puesto que alrededor de unas 32 manzanas ubicadas entre el kilómetro 32,5 y la Ruta Provincial N°36 se encuentran en estado de  “Crisis ambiental”. Puesto a la alta contaminación que se descubrió en la cuenca del Arroyo Las Conchitas, y fue declarada desde el año 2016.

Por su parte, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, certificó el fuerte daño ambiental en la zona. Dado que en las cercanías se localiza una fábrica que esta liberando plomo y generándoles problemas a los lugareños. Ante esto, le dio a la misma un plazo de un año para remediar el deterioro ocasionado.

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La demanda fue llevada adelante con el patrocinio letrado del programa de Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Secretaría de Extensión Universitaria, de la UNLP, por medio de la cual se demandó tanto a la empresa fundidora de plomo, como al municipio de Florencio Varela y a la provincia de Buenos Aires en su función de contralor.

Por otro lado, según un informe de la UNLP, en la zona viven más de 3500 personas de diversas edades, quienes pertenecen a la segunda y tercera categoría de contaminación. No obstante, el foco está puesto en la actividad productiva de la empresa conocida como Industrial Varela SRL, la cual está distanciada de las viviendas de los vecinos por  medio de la calle Berni.

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Así mismo, los residentes desde el 2011 comenzaron una  demanda colectiva contra la empresa, con el fin de que sea cerrada o relocalizada. Puesto que según estudios ambientales y a personas de la zona, se ha registrado una gran cantidad de plomo en las calles, el suelo y la sangre de los residentes.  Los mismos, sobrepasan los niveles de referencia recomendados.

Cabe señalar que, tras el informe realizado por la UNLP, presentado ante el Juzgado se estableció una sentencia para remediar el daño ambiental y se ordenó que: “se efectué el traslado del establecimiento industrial a un predio dentro de un Parque Industrial o que revierta su actividad, cesando en las actividades que impliquen utilización y/o fundición de plomo”, dándoles así el plazo de un año para conseguirlo.