Insólito requisito para reuniones en espacios públicos: deberán solicitar autorización si participan más de tres personas

La Ley Ómnibus enviada al Congreso incluye un requisito que dio que hablar entre la población. De acuerdo al paquete de medidas, las reuniones en espacios públicos de tres o más personas deberán pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación de 48 horas.

El conjunto de reformas que se tratarán en sesiones extraordinarias contiene un apartado dedicado a la Seguridad Interior. En él se busca la reglamentación de la organización de las manifestaciones, fijando sanciones para los organizadores y quienes impidan el funcionamiento normal del transporte.

Además se propone la modificación del artículo 331 del Código Penal, en el cual se redefine a la reunión o manifestación como una "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público", con el propósito de ejercer el derecho a protesta.

De aprobarse la ley, estas manifestaciones o reuniones deberán ser notificadas 48 horas antes de su realización al Ministerio de Seguridad. Allí se deberá detallar los datos de la persona u organización que la convoca, la finalidad de la movilización, el recorrido, su tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.

Luego de recibirse la información, la cartera otorgará un certificado que compruebe la presentación. De contar con este documento, la movilización podrá llevarse adelante, mientras que no estorbe, impida o entorpezca la circulación de los vehículos.

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En el proyecto de ley, se sugiere que, en situaciones donde se detecte una falta durante una manifestación autorizada, el Ministerio de Seguridad de la Nación emita una intimación a cualquiera de los organizadores, exigiendo que detengan el incumplimiento de la normativa y ajusten la reunión a lo establecido. En caso de no cumplir con esta solicitud, se tomarán las medidas correspondientes.

Dentro de las reformas propuestas por la administración de Javier Milei para el Código Penal se incluye la instauración de una figura delictiva para aquellos que "quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad". Estos "serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".

Por otro lado, la Ley Ómnibus sostiene que los organizadores "serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren" durante la manifestación.