Durante su presentación en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno de Javier Milei no actualizará el bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados, a pesar de la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de llevar a cabo una reforma previsional, como parte del nuevo programa por 20 mil millones de dólares con el organismo.
El bono, implementado desde marzo de 2024, es percibido por alrededor de cinco millones de titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, como las otorgadas por vejez, invalidez o a madres de siete o más hijos. Aquellos con haberes superiores al mínimo reciben un monto proporcional hasta alcanzar un tope que, en abril de 2025, se fijó en $355.820,63. Sin embargo, quienes superan este límite quedan excluidos del beneficio.
El jefe de Gabinete confirmó que no habrá modificaciones durante su exposición en el Congreso.
El congelamiento del bono en $70.000 desde hace más de un año ha generado críticas, ya que su valor real se ha erosionado significativamente. Según estimaciones, si el bono se hubiera ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), debería rondar los $148.800 para mantener su poder adquisitivo original.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la continuidad del bono como parte de un esfuerzo para apoyar a los jubilados en un contexto de ajuste fiscal. Durante una reunión con la subdirectora del FMI, Gita Gopinath, en febrero de 2024, Caputo destacó que las medidas económicas del Gobierno superan las expectativas del organismo internacional, aunque el FMI insiste en la necesidad de una reforma previsional para garantizar la sostenibilidad fiscal. El organismo ha señalado que los bonos discrecionales, como el de $70.000, podrían socavar las metas de reducción del déficit.
A pesar de estas presiones, el Gobierno priorizó la continuidad del bono, asegurando su financiación en el presupuesto de 2025. De los Heros subrayó que "está la previsión presupuestaria" para mantener el beneficio, descartando al mismo tiempo una prórroga de la moratoria jubilatoria que vence en marzo de 2025. Además, se adelantó que el Ejecutivo planea presentar al Congreso una reforma previsional para equilibrar el sistema y reconocer los aportes de los trabajadores durante su vida laboral.
En términos prácticos, los jubilados de la mínima recibirán en abril de 2025 un haber base de $285.820,63, que, sumado al bono, totaliza $355.820,63. Este monto representa un incremento del 2,4% respecto a marzo, ajustado por la inflación de febrero, según la fórmula de movilidad vigente desde julio de 2024, que toma como referencia el IPC. Sin embargo, la falta de actualización del bono ha sido señalada como una limitación para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo, especialmente en un contexto de inflación acumulada cercana al 300% desde abril de 2023.
La confirmación del bono, aunque positiva para los beneficiarios, refleja el delicado equilibrio que el Gobierno busca mantener entre las demandas del FMI y la necesidad de proteger a los jubilados. Mientras las negociaciones con el organismo internacional continúan, la discusión sobre una reforma previsional integral sigue pendiente, con implicancias tanto para los adultos mayores como para la estabilidad fiscal del país
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