Desregulación de obras sociales sindicales: ¿cómo funcionará?

Para bien o para mal, los trabajadores registrados de la Argentina únicamente pueden acceder a la obra social del sindicato al que pertenece el rubro en el que se desempeñan.

A menos que puedan costear una prepaga por su cuenta o que la propia patronal sea quien se la abone, la mayoría del universo de empleados dependen del sistema sanitario de los gremios,

Es cierto que hay muchas de esas obras sociales que funcionan bien y tienen centros de salud de primer nivel, pero hay otras en las que su servicio deja mucho que desear y los beneficiarios quedan rehenes de su deficiente oferta.

Eso podría cambiar en los próximos días, ya que el Gobierno Nacional anunció este lunes que reglamentará un tramo del extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en el que se establece la desregulación de las obras sociales de los sindicatos.

¿Esto que significa? Que los trabajadores podrán destinar el dinero que se le descuenta por la obra social a cualquier empresa de salud -pública o privada- que ellos dispongan para ser atendidos tanto ellos como su familia.

"Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad", resaltó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus tradicionales conferencias de prensa matutinas.

"El objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas", remarcó el funcionario.

Desde la Casa Rosada aseguraron que cada trabajador podrá elegir una obra social o una prepaga "sin ningún tipo de intermediación" y que "podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral".

Por otra parte, el texto que se reglamentará esta semana y entrará en vigencia durante abril también terminará con la obligatoriedad de permanecer durante un año en la obra social del sindicato para aquellos empleados que recién se suman a una empresa.

¿Cómo funcionará la libre elección de obra social?

Hasta el momento, el Gobierno Nacional solo dio a conocer que reglamentará el fragmento del DNU 70/23 que desregulariza las obras sociales de los sindicatos y las pone a competir entre sí y con compañías de salud prepaga. No obstante, poco se sabe de cómo será la forma de ponerlo en marcha.

Por lo pronto, la incorporación de las entidades de medicina prepaga al régimen de la ley 23.660 comenzará a regir en abril para todos los empleados, tanto públicos como privados, y para aquellos jubilados que son beneficiarios de organizaciones sindicales.

Según trascendió, aquellos trabajadores que quieran optar por desviar las cargas por obras sociales a una prepaga deberán abonar la diferencia entre ese monto y el costo de las empresas de salud privada, cuyas cuotas fueron liberadas en el mismo decreto firmado por el presidente Javier Milei.

Un dato no menor es que, al entrar en este mercado, las prepagas deberán depositar un 20% del dinero que reciban en el Fondo Solidario de Redistribución, cuyo fin es la cobertura de tratamientos médicos de alto costo.

Por otra parte, deberán aceptar a todos aquellos beneficiarios que tengan enfermedades preexistentes. En teoría, ya están obligadas a hacerlo, generalmente cobran una cuota mayor por ese aspecto. En cambio, las obras sociales sindicales no cuentan con ese requisito.

La normativa será regulada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que se encargará de supervisar los aportes y contribuciones de las obras sociales y prepagas, pero no de regular los precios ni establecer tarifas mínimas.

De hecho, un punto a tener en cuenta es que, en caso de que una compañía quiebre, la entidad estatal no se ocupará de transferir la cobertura de salud de sus afiliados a otros prestadores.

Otro aspecto importante es que esto regirá a nivel nacional. Es decir, las obras sociales provinciales -como IOMA, por ejemplo- están bajo la órbita de organismos de las mismas provincias y su legislación.

Esta iniciativa impulsada por la administración del presidente Milei tiene su correlato con lo que intentó implementar el entonces presidente Carlos Menem en los 90, pero a fines de la década del 90 se estableció que quienes empezaran en un puesto de trabajo debían permanecer un año de manera obligatoria en la obra social de su sindicato.

Por otra parte, su anuncio llega en medio de un tire y afloje entre el Gobierno Nacional y el sindicalismo con la CGT a la cabeza, que amenaza con llevar a cabo otro paro general como el del 24 de enero, primero del gobierno de La Libertad Avanza.

En el medio, miles de trabajadores podrán optar por una mejor opción de salud y más de un centenar de obras sociales sindicales deberán esforzarse por ofrecer un mejor servicio. De lo contrario, podrían decir adiós para siempre.