28/03/2024
Política
La medida de fuerza se da en medio de los 10 mil despidos de trabajadores estatales. También reclaman un aumento salarial, el pase a planta de todos los empleados, entre otros pedidos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el despido de más de 10 mil empleados públicos y convocó a un paro nacional para el próximo miércoles 3 de abril, con una duración de 24 horas. Esta medida de fuerza surge en respuesta a la "amenaza" de despidos que afectaría a unos 70.000 empleados públicos.
"Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir", señaló Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.
Por otro lado, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a los trabajadores estatales y a aquellos que fueron despedidos a ingresar a los organismos públicos el día del paro. Aguiar, además, apuntó contra Javier Milei, a quién responsabilizó "por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar" durante la medida de fuerza.
AHORA!!
PROTESTA NACIONAL DE ATE
INGRESOS MASIVOS Y SIMULTÁNEOS EL 3 DE ABRIL
Presidente @JMilei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril... pic.twitter.com/aSVlA5J6ZL
Como protesta, los empleados despedidos asistirán a sus puestos laborales y planteó que "los trabajadores no tienen miedo" y "resisten en defensa de las políticas públicas". De la misma manera, definió que habrá un paro en las oficinas estatales para el primer día hábil de abril.
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Aguiar también se hizo eco de los reclamos del sector, que incluyen un aumento salarial que supere la inflación, el pase a planta permanente de todos los trabajadores, el cese de despidos y la reincorporación inmediata de los despedidos, así como el fin de las políticas de ajuste y cualquier intento de privatización de empresas públicas. También se exige la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los jubilados, la anulación del protocolo anti-piquetes, el fin de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales y la anulación del DNU 70/23.
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