Tras su detención y la de otros implicados, en el día de hoy, comenzará la indagatoria del conductor televisivo. Acusado por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una hacienda para rehabilitación.

En la jornada de este viernes, la justicia dio paso a las indagatorias en la causa “La Razón de Vivir”, en la que estaría implicado el conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina. Asimismo, fueron trasladados desde la comisaría 1ra de Berazategui rumbo a la fiscalía Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, en dicha localidad. Donde serán investigados por explotación laboral y reducción a la servidumbre, en un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

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Tras los allanamientos, realizados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, detuvieron a 16 personas. Quienes en estos momentos se encuentran en la fiscalía a cargo de Daniel Ichazo, donde se les tomará declaración. Sin embargo, entre los arrestos, el que más sobresalió fue el del reconocido ex integrante de VideoMatch, quien fue traslado a la comisaría local, tras ser detenido en su casa ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Asimismo, su abogado Adrián Tenca, intervino ante las acusaciones y alegó que era inocente. Por otro lado aseguró: "Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización".

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Las funciones de los causados

Sin embargo, los detenidos en la causa, tenían cada uno un rol diferente que en algunos casos podrían comprometerse mucho. En primer lugar, encontramos a Teto Medina, quien establecía un marketing a través de su imagen como figura pública. Donde según establece la denuncia del Ministerio Público Fiscal, él se encargaba de cumplir diversas labores y tareas específicas.

Según consta en la denuncia Medina  era considerado “la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación". Además de acusarlo de "mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre".

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Por otro lado, según consta la denuncia se encuentra el director general, cuyo cargo era ejercido por Néstor Ezequiel Zelaya. Quien según la causa, estaba a cargo de "coordinar la asociación; establecía contactos y realizaba apariciones en los medios de comunicación. Además, fijaba los aranceles a cobrar a las víctimas y sus familias; coordinaba la internación de nuevas víctimas; indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato, incluido el sistema de castigos y la prohibición de salir del establecimiento; indicaba la forma, condiciones y tipo de trabajos forzosos", entre otras funciones.

Como así también está acusado de realizar: “los discursos con promesas falsas que debían transmitirse para captar víctimas; evitaba que los pacientes tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescripta por un médico autorizado, si eso ponía en peligro la continuidad de la actividad. Por último, determinaba cuándo podrían egresar las víctimas de forma definitiva".

Varias quintas y más detenidos

No obstante, se estableció que cada organización contaba con tres quintas, las cuales cada una tenía a su cargo un director. Eduardo Humberto Zelaya dirigía la quinta 1; Mariano Jorge Torchia, la quinta 2 y Jorge Alberto Basilico, la quinta 3.

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Asimismo, según establece la denuncia, las tareas se enfocaba en "ejecutar las órdenes del director general; controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores; comunicar las promesas engañosas y cobrar los aranceles; controlar la quita de medicación que pudieran tener las víctimas al ingresar; persuadir a las familias para evitar que soliciten su externación; evitar que las víctimas comunicaran a sus familias las condiciones de su servidumbre y trabajo forzoso, capturar nuevamente a las víctimas en el caso de huida; hacer que algunas víctimas ingieran medicamentos sin prescripción médica y en secreto mezclándolos con sus bebidas, ejercer violencia física, psicológica y simbólica sobre las mismas y ejecutar los castigos impuestos a ellas".

Las tareas administrativas eran realizadas por Rosana Elizabeth Gómez y Rubén Ernesto Durán, quienes se encargaban de "realizar los cobros mensuales de las familias; acatar las directivas de los directores y el director general; gestionar y recibir el dinero que las familias enviaban para insumos y provisiones para las víctimas para luego desviarlo al acopio de la organización".

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Entre los implicados, también surgieron los nombres de Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón. Quienes serían los coordinadores que "ejecutaban las disposiciones de los directores; se aseguraban la presencia de uno de ellos todos los días a toda hora para controlar las acciones de las víctimas; custodiaban el acopio de medicamentos; controlaban las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias; ejecutaban y controlaban los castigos; informaban a los directores las manifestaciones negativas de las víctimas sobre la servidumbre para luego reprimirlos públicamente o castigarlos; controlaban la ejecución de los trabajos forzosos y las condiciones de servidumbre de las víctimas".

Tatiana Lorena Lanza, era la encargada de la cobertura policial, puesto que era "quien se valía de su condición de personal policial de la provincia de Buenos Aires del partido de Florencia Varela, para imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos".

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Cabe mencionar que, el sometimiento psicológico era ejercido por   Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli, quienes "ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas".  Y por último, el rol de captación de víctimas era supuestamente realizado por  Sonia Elizabeth Córdoba, "quien contactaba posibles víctimas por distintos medios".