Tras el testimonio de 27 personas, Carlos Rodríguez, continuará detenido. Ante esto, fue señalado como el principal sospechoso en el crimen de la joven platense.

El caso de Johana Ramallo, continúa avanzando, dado que en los últimos días el principal sospechoso fue procesado y detenido. El mismo, fue identificado como Carlos "El Cabezón" Rodríguez, quien está imputado por el delito de "comercio de estupefacientes en concurso ideal con el de explotación económica de la prostitución en la "zona roja" de la ciudad de La Plata, y promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad en tres oportunidades".

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Por otro lado, para dar con él se tuvo en consideración 27 testimonios de testigos, entre ellos trabajadoras sexuales, cuya identidad se mantiene reservada. Ellos, manifestaron que Rodríguez se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, entre ellas se encontraba Johana Ramallo; e incluso de algunas de sus familiares, a quienes sometía a diversos abusos a cambio de la facilitación de drogas.

Ante esto, el juez Federal en lo Criminal y Correccional  N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, en un fallo de 144 fojas al que tuvo acceso Télam, en donde decidió abordar este caso  con perspectiva de género la situación que atraviesan las trabajadoras sexuales en la "zona roja" platense, ubicada dentro del barrio "El Mondongo".

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Como así también, estableció un embargo en los bienes del imputado en 10 millones de pesos y solicitó al Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público, que asista a otras víctimas sometidas por el acusado.

"Es claro que no es posible que pudiera generarse, desarrollarse y sostenerse en el tiempo sin, cuanto menos, el incorrecto accionar de las fuerzas de seguridad. En este punto, existen distintos testimonios que señalan que la comisaría Novena de esta ciudad de La Plata actuaba administrando o regentando este complejo entramado delictual, conformando de ese modo un eslabón esencial para su funcionamiento, sin el cual no habría sido posible su perduración", estableció Ramos Padilla, manifestó en el escrito.

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Por último aclaró: "Ello aun cuando debe señalarse que la desaparición de Johana Ramallo ocurrió en el año 2017 y el objeto de investigación se centró en la búsqueda de su paradero y no en aquellos elementos que permitieron tener por configurada la explotación sexual, que recién ahora se comienzan a analizar penalmente".