Quedaron sin vigencia las jornadas virtuales, sin embargo, hay empleados exceptuados.

Tras haber superado la etapa crítica de la pandemia de Covid-19, los trabajadores de la administración pública volverán este lunes a la presencialidad plena, es decir que el acuerdo de modalidad de trabajo remoto llegó a su fin.

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A dos años de la pandemia por Covid-19 en el país, perdieron desde el domingo su vigencia los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), los cuales establecían los mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado dispuestas para frenar los contagios.

"Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (...) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios", anunció la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, a través de la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial.

Hasta el momento, los trabajadores estaban realizando una jornada híbrida, días presenciales y virtuales pero desde ahora, deberán cumplir el horario completo desde su lugar físico de trabajo. 

Sin embargo, los trabajadores deberán continuar respetando las recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y de otras enfermedades respiratorias.

Así mismo, cada uno de los empleados debe entregar su certificado de vacunación y firmar una declaración jurada al respecto. Mientras tanto, los no vacunados tienen que comprometerse a "tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran".

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A partir de esta medida, desde el Gobierno se dispuso que seguirán "exceptuadas" las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.

Los mismos son: personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status), pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, personas con tratamientos oncológicos y trasplantados.