El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Municipio, Nahuel Berguier, aseguro que 90 personas eran alojadas en el lugar al momento del desalojo “Fue un trabajo que ameritó una fuerte articulación entre el Municipio, el Ministerio de Salud y la Fiscalía a cargo del fiscal Gabriel López porque no se trató de un allanamiento de los habituales, sino que era necesario un vínculo directo con las víctimas”, comunico el funcionario.

La intervención judicial es consecuencia de un informe elevado por funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense luego de una inspección en la clínica ubicada en Monsegur, en la localidad de La Reja. La denuncia fue hecha bajo los cargos de reducción a la servidumbre.

“Es un caso muy complejo, porque se trata de lugares en donde las personas se internan por su propia voluntad y ahí dentro comienzan a constituirse los delitos. Lo primordial fue la reubicación de quienes quedaban sin alojamiento: varios de ellos volvieron a sus casas junto a sus familias y otros quedaron alojados transitoriamente en hogares de parroquias de la zona, sobre todo gente del interior. Pero desde el Estado se les pudo dar una respuesta acorde”, aclaro Berguier.

El secretario informo que el derecho a habilitar en materia de salud es responsabilidad de la Provincia, aclaro que obtuvo una respuesta inmediata desde el Estado en toda su dimensión. Pero su clausura fue inmediata, fueron involucradas distintas áreas en las mismas. “Hubo un crimen hace pocos días con uno de los directores de la comunidad terapéutica detenido. Eso nos puso en alerta. La inspección del Ministerio de Salud es a partir de la información aportada por el Municipio”, concluyo.

La investigación judicial está en curso aun siguen analizando pruebas para evaluar la calificación legal. Se evaluaran los testimonios de las personas alojadas en la clínica quienes llegaron allí por trabajadoras sociales y funcionarias comunales.