Crear un Registro Nacional de Deudores, actualizar los montos de cuotas alimentarias según el índice de inflación y contar con una cifra que sea el piso de pago son tres ejes de una serie de proyectos que se presentarán próximamente en la Legislatura bonaerense y el Congreso Nacional para atacar la morosidad en los desembolsos y facilitar el acceso a la justicia de las denunciantes.

Para elaborar estas iniciativa,s se tuvo en cuenta un estudio realizado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires que reveló que casi el 70% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos o sólo la percibe eventualmente.

El trabajo, denominado "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género", fue el primer diagnóstico sobre esos incumplimientos en el distrito.

El reporte mostró que el 51,2% de las mujeres encuestadas no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos; mientras dentro del 41,2% que indicó que sí aporta dinero en concepto de obligación alimentaria un 24,9% dijo que lo hace de manera regular y un 15,3% irregularmente.

Es decir que 66,5% de las consultadas no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.

La encuesta fue respondida por 6.442 personas de 125 municipios pero también contó con más de 50 entrevistas y fue el puntapié inicial para el armado de políticas desde el ministerio de Mujeres bonaerense y el Ejecutivo Nacional, que dieron lugar a proyectos legislativos que buscan modificar el panorama.

"Estamos trabajando en una reforma procesal que presentaremos en la legislatura bonaerense. Por otra parte, la Dirección de Acceso a la Justicia que depende del ministerio de Justicia de Nación, presentará un proyecto ante el Congreso para establecer montos mínimos y proponer la indexación en las cuotas alimentarias, porque entendemos que hay un problema procesal provincial y nacional", dijo a Télam la abogada feminista Sabrina Cartabia, que integra la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la cartera bonaerense.

Una de las reformas busca cambiar la forma de hacer las notificaciones judiciales. "Es necesario que se realicen por medios telemáticos, porque hoy el principal obstáculo que enfrentan quienes reclaman alimentos es la imposibilidad de iniciar la intervención judicial por las demoras que genera la notificación en papel, si es que se logra", explicó la letrada.

El nuevo índice de crianzas presentado en marzo por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que estará a cargo del Indec y esa cartera, buscará contar con una nueva estadística para estimar el costo de mantenimiento de las infancias y calcular la cuota alimentaria.

"Uno de los principales obstáculos que tiene el proceso es que no existen parámetros estandarizados respecto a cuál es el costo mínimo del cuidado. Esta medición, actuará como piso mínimo para poder establecer el monto de la obligación alimentaria y como norma supletoria de actualización de las cuotas establecidas", aclaró la funcionaria, para quien también colaborará en resolver su ajuste considerando la inflación.

Lo mismo con respecto a la indexación, que está prohibida por la Ley Nacional 23.l928, lo que "obliga a las madres y cuidadoras a abrir instancia nuevamente en el poder judicial para actualizar los montos por inflación". Por eso, se propone "la derogación de la ley en lo que se refiere a cuotas alimentarias".

En cuanto al Registro de deudores provinciales, la propuesta es que "el ingreso al registro se dé desde el primer incumplimiento (actualmente se exige que haya 3 consecutivos o 5 alternados), que se incluya el incumplimiento del pago de los alimentos provisorios como causal de acceso y que ingresen los empleadores que no cumplen con las mandas judiciales para debitar los sueldos de los deudores, además de mejorar las sanciones", apuntó Cartabia.

Por otra parte, se trabaja en la creación de un Registro Nacional de deudores para evitar la dispersión de registros a nivel provincial y la falta de mecanismos eficientes para compartir información entre las diferentes jurisdicciones.

"Respecto de la sanción de no renovar ni otorgar carnet de conducir (que se oficializó hace una semana), esto suele ser sorteado con un simple cambio de domicilio a otra provincia, por lo que un registro nacional unificaría la dispersión actual", explicó.