Piden prisión preventiva para el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

José Luis Segovia, ex jefe de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, sigue siendo señalado como el líder de una supuesta asociación ilícita mixta. Se cree que proporcionó protección a los "arbolitos" y desvió investigaciones de robos calificados.

La justicia ha solicitado que los acusados en el caso de la asociación ilícita mixta en Mar del Plata sean detenidos preventivamente hasta el juicio oral. Las defensas de los siete sospechosos han pedido reducciones de pena e incluso solicitudes por falta de mérito.

La investigación se centra en la participación activa en la compraventa ilegal de divisas y la intermediación financiera no autorizada. Este caso podría ser trasladado a un tribunal de jurisdicción federal.

El Juzgado de Garantías N°1 sostiene que la organización estaba "impregnada de manejos autoritarios y con un fuerte sesgo piramidal". Según ellos, Segovia intentaba proyectar la imagen de un "eficiente jefe policial, por un lado, y un manejo ilegal de los procedimientos policiales". Incluso sugieren que el ex comisario fue quien "diagramó, armó y ejecutó como jefe una policía dual".

Señalaron que Segovia mantuvo a "funcionarios policiales honestos y eficientes", mientras que por otro lado "utilizó a policías en actividad y a otros que ya estaban fuera de la fuerza policial".

Entre los demás implicados se encuentran el ex policía Javier González y el oficial Gastón Moraña, sospechosos de haber sido los recaudadores de Segovia; y Nicolás Rivademar, agente de la Policía Federal Argentina (PFA), quien está bajo arresto domiciliario por supuestamente haber sido miembro de la banda y haber proporcionado protección en un caso investigado por la Justicia Federal.

También se involucró en el caso al ex policía Christian Holtkamp y al comerciante cambista Jorge Toletti, quienes se encargaban de supervisar que los "arbolitos" cumplían las tareas asignadas. Se comprobó que los socios los vigilaban desde un café en la avenida Luro.

El último detenido en la investigación es el abogado Lautaro Resúa, quien habría actuado como un enlace entre varias partes de la agrupación, ya que tenía contacto con los acusados de ser recaudadores. Se cree que podría haber contribuido en la desviación de varios casos penales.