El Gobierno eximió a los colegios privados de los aportes patronales

El Gobierno extendió hasta el final del año la exención de contribuciones patronales para los colegios privados, con el objetivo de evitar un aumento significativo en las cuotas pagadas por las familias. Esta medida se estableció mediante el decreto 134/2024, publicado durante este jueves en el Boletín Oficial.

Desde el año 2001, y en varias oportunidades después, se eximió a los colegios privados del pago de las contribuciones patronales a través de decretos sucesivos.

En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció diferentes medidas, entre las que cuales se encontraba la aplicación de nuevas alícuotas a las contribuciones patronales. Esta ley eximía del pago de dichas contribuciones a los empleadores que fueran titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta el final del año 2020. Además, otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar esta exención, lo cual se llevó a cabo mediante decretos durante los años 2021, 2022 y 2023. La última prórroga había concluido el 31 de diciembre del año pasado.

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De no haber extendido la misma, se hubiera producido un aumento en las contribuciones patronales.

La suba "agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas", de acuerdo a lo comunicado.

El Gobierno especificó que "el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios".

Además, señaló que "en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía".

"Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino", concluyó el decreto.