07/07/2024
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha incrementado su equipo con nuevos secretarios coordinadores para gestionar un ministerio en constante expansión y con mayores responsabilidades.
El Decreto 585/2024 ha vuelto a modificar la estructura de los ministerios, creando el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y añadiendo tres cargos de 'secretarios coordinadores' en el Ministerio de Economía.
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Las nuevas secretarías estarán a cargo de las áreas de Producción, Energía y Minería, e Infraestructura. Juan Pazo asumirá la coordinación de Producción, mientras que Daniel González será el responsable de Energía y Minería. Aún no se ha nombrado al coordinador de Infraestructura.
Estos nuevos cargos tendrán el mismo rango que los de secretario de Estado, pero actuarán como segundos en sus respectivas áreas, manteniendo una relación más estrecha con el ministro de Economía.
Arribo. Sturzenegger asumió este viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, Juan Pazo dejará su puesto de secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía para asumir la coordinación de Producción. No se ha confirmado si su anterior puesto será ocupado por otra persona o eliminado.
Por otro lado, se espera que Daniel González, hasta ahora director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF, sea designado como secretario coordinador de Energía y Minería. Este nombramiento no afectará las funciones actuales de Eduardo Rodríguez Chirillo y Luis Lucero, quienes seguirán como secretarios de Energía y Minería respectivamente.
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Aún se desconoce quién asumirá la coordinación de Infraestructura. Tras la salida de Guillermo Ferraro y la fusión de los ministerios, el Gobierno ha estado delegando la obra pública a las provincias y municipios, y muchas han estado paralizadas.
Durante una reciente visita a Camarco, Caputo señaló que el 80% de las obras en marcha al inicio de su gobierno eran menores y deberían ser gestionadas por las provincias o municipios, a quienes se están transfiriendo mediante acuerdos con los gobernadores. La incógnita sigue siendo qué sucederá con el 20% restante de las obras estratégicas que debería gestionar el Gobierno central.
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