03/11/2023
Las acciones de control de los inspectores desplegados por la DGI consistieron en el cubicaje de los silos de almacenamiento de la mercadería utilizada como insumo para la producción de productos alimenticios.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) detectó faltantes de granos en una aceitera de la provincia de Córdoba por 174 millones de pesos. Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto realizaron una fiscalización presencial en una firma agroindustrial y constataron que las existencias de materias primas eran inferiores a las informadas en los registros, con una diferencia de más de 1.000 toneladas.
Las acciones de control de los inspectores desplegados por la DGI consistieron en el cubicaje de los silos de almacenamiento de la mercadería utilizada como insumo para la producción de productos alimenticios. Por medio de este mecanismo, se logró desarticular una presunta maniobra para ocultar ventas y evitar declarar el stock remanente de años anteriores para, de esta manera, disminuir el pago de impuestos correspondiente por sus operaciones.
El establecimiento, ubicado en el departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, poseía existencias por 2.740 toneladas de porotos de soja, lo que arrojó como resultado faltantes por 1.059 toneladas en relación a lo que figuraba en los registros. El valor de la mercadería, según la cotización actual de la Bolsa de Cereales, asciende a 174 millones de pesos.
Las tareas de fiscalización y control continuarán con la determinación de los ajustes del impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), a partir de las diferencias de cubicaje constatadas, y los estudios de existencias, producción y ventas de granos, aceite y expeller de soja de este operador de la cadena agrocomercial.
Por medio de estas acciones, las áreas especializadas en actividades agropecuarias de AFIP, focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, evitando que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores genuinos.
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