El Máximo tribunal rechazó la apelación del ex intendente macrista de Pilar y se prevé que sea juzgado en 2023. Se lo acusa de desviar más de $460 millones en obras que nunca se hicieron.

La Justicia volvió a darle la espalda al ex intendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté. La Corte Suprema rechazó una apelación del ex jefe comunal y dio vía libre para que se realice el juicio oral en su contra por corrupción. Ducoté, hombre cercano a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, durante la anterior gestión, fue procesado hoy, acusado del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio.

El procesamiento, dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fue dispuesto sin prisión preventiva. Incluyó un embargo de 100 millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país de Ducoté y de otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.

El proceso judicial comenzó en 2019, por la denuncia de una concejal del bloque Frente Pilarense que acusó a Ducoté (intendente de Pilar entre 2015 y 2019) de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante la presidencia de Macri.

Los recursos debían ser destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti. A esa acusación la concejal sumó luego otra, vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio Monterrey, también de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a un convenio celebrado entre el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para solventar mejoras en las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Es el caso conocido como “microcréditos”.

Según el juez, “se verifica una misma matriz en los tres hechos investigados” en los que el municipio de Pilar “incumplió los convenios” y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que tenía la posibilidad de exigir una devolución de lo desembolsado en caso de incumplimiento, realizó un “deficiente monitoreo del destino del dinero ya otorgado al municipio”.

Además de Ducoté -según el juez- el “responsable primario de los fondos girados desde el Estado Nacional”- fueron procesados otros funcionarios de su gestión: Juan Pablo Martignone, el exjefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas.

Según la Justicia todos ellos fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra, lo mismo que Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA, y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.

¿OTRA CAUSA QUE TOCA A DUCOTÉ?

Pero en los pasillos de Tribunales la causa por corrupción no es la única que salpica a Ducoté. Antes de fin de año, podría motorizarse la causa que tiene como principal imputado al empresario ducotista Jorge Leonhard por “abuso de autoridad, asociación ilícita y malversación de caudales públicos” a raíz de la utilización personal de los servicios de empleados municipales pagados por la Comuna, entre ellos policías, albañiles, choferes y hasta personal de casas particulares a las que habría llevado a Punta del Este, siempre a costo del Municipio. El ex intendente podría ser citado a indagatoria también en el marco de esta causa. Otro dolor de cabeza que aqueja por estas horas el macrista Ducoté.