María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia tienen a su cargo la resolución del juicio. El veredicto se leerá el 6 de febrero a las 13.

Finalizada la ronda de alegatos del juicio de Fernando Báez Sosa, el Tribunal de Dolores deberá definir la condena a los ocho imputados por el asesinato del joven estudiante de abogacía. Los responsables del veredicto serán María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

LEER MÁS: Atención: pronostican fuertes tormentas para la Costa Atlántica

Castro es la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores y le tocó ser fiscal en otro de los casos más resonantes de la historia policial argentina: el asesinato de José Luis Cabezas. En esa ocasión, formó parte del equipo que pidió prisión perpetua a los ocho acusados por el crimen del reportero gráfico. En ese entonces, junto a Eduardo Campos y Felipe Defelitto, integró el grupo de representantes del Ministerio Público que reunió las pruebas necesarias para fundar la sentencia contra los implicados: Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge, Héctor Retana (integrantes de la banda de Los Hornos); Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta, Aníbal Luna, (oficiales de la policía bonaerense) y Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán.

Por su parte, Emiliano Lázzari, quien se desempeña como Juez Correccional de Dolores, trabajó también en el juzgado de Educación Penal Nº1 de Quilmes. Como juez del Tribunal Oral N° 1 de Dolores, estuvo a cargo del primer juicio por jurados realizado en el dicho departamento judicial. En 2014, además, integró la Cámara Penal que condenó a un policía por encubrir el homicidio de Emilio Blanco, un adolescente asesinado en 1997 en Chascomús, al que la policía intentó mostrar como un suicidio. Ya como Juez Correccional, recientemente condenó a

Además integró tribunales que hicieron juicios orales que terminaron con las condenas a un grupo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell que, en 2011, mataron a un informante. En 2014, integró la Cámara Penal que, con el Código de Procedimiento Penal anterior, condenó un policía por el encubrimiento del homicidio de Emilia Blanco, el adolescente que fue asesinado en 1997 en Chascomús y que la policía intentó presentar como un suicidio. Ya como Juez Correccional, reicentemente condenó a un motociclista de General Belgrano a seis meses de prisión en suspenso por hacer wheelie con una moto. En la sentencia del juicio abreviado, Lázzari sostuvo que la figura penal que correspondía aplicar al acusado era la de un delito contra la seguridad pública, debido que había realizado dicha prueba de destreza a pocos metros de una familia que abordaba su automóvil.

El tercer integrante del Tribunal Oral Nº1, Christian Rabaia, asumió su cargo en 2019. Previamente ejerció en la fiscalía a cargo de Gabriela García Cuerva que, entre otros, tuvo a su cargo el juicio oral que terminó con la condena del asesino del joven discapacitado Mauricio Ponce de León, ocurrido en 2008, en Chascomús. En el rol de juez, intervino en juicios que terminaron con las condenas a un estafador que se hacía pasar por funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones para extorsionar a los dueños de los supermercados chinos del Municipio de la Costa y contra un vecino de Santa Teresita que distribuía videos de menores que eran víctimas de abusos sexuales.

Tanto Castro como Lázzari forman parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses, creada en Mar del Plata en 2000 y que tiene como objetivo ”agrupar a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense, comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal”. Los tres tendrán la responsabilidad de sentenciar el destino de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando.