Sandra Pettovello fue imputada por supuestos delitos por la compra de alimentos

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, fue imputada esta mañana por la Justicia Federal ante supuestos delitos por una transferencia millonaria para una compra de alimentos en un plan de lucha contra el hambre en 2024. La denuncia fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y quedará a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, según informaron fuentes judiciales.

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Pettovello, ministra de Capital Humano.

Pettovello será investigada también por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Según la denuncia, la ministra habría firmado una resolución para la transferencia de 14 mil millones de pesos al programa de alimentos el pasado 8 de febrero, lo cual nunca sucedió.

La adquisición incluía arroz, fideos y leche en polvo y habría sido ante un programa de las Naciones Unidas. Igualmente, el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación. Supuestamente, no se continuó con la compra la cual era de un millón de unidades por producto.

La ministra firmó la transferencia el pasado 8 de febrero.

En la denuncia del abogado Martínez Herrero, también exfuncionario bonaerense, se presentó que "Pettovello autorizó sólo con su firma la transferencia de 14 mil millones de pesos al Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre".

Según la presentación de Martínez, el presupuesto de $14 mil millones había implicado para el Estado un costo de 420 millones de pesos (el 3%), los cuales ya se pagaron. "El dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos (arroz, fideos y leche en polvo) no llegaron", explicó en la denuncia.

Pettovello junto al secretario de trabajo, Omar Yasin.

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No es la primera investigación de este estilo en la cual Pettovello es protagonista. En otra ocasión, la ministra fue acusada de haber firmado una transferencia de alrededor de 6.700 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para otra compra de alimentos, cuando sólo tenía la autorización de hacerlo como máximo hasta los $2.700 millones.