13/03/2025

Polìtica

El Gobierno se mostró en contra de la jueza porteña que liberó a los detenidos en marcha de jubilados

Manuel Adorni (vocero presidencial), Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Guillermo Francos (jefe de Gabinete) criticaron la decisión de Karina Giselle Andrade

Desde el Gobierno nacional criticaron la decisión que tomó la jueza porteña Karina Giselle Andrade sobre liberar a los 114 detenidos por las fuerzas de seguridad a lo largo de la protesta de jubilados del día de ayer en las inmediaciones del Congreso.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, realizó un posteo en sus redes sociales cuestionando el fallo que realizó la jueza durante la madrugada de este jueves. Seguidamente, sostuvo que la justicia "de la puerta giratoria" es "responsable directa de la inseguridad en la Argentina".

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"La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad", comenzó su enunciado Adorni. También agregó: "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices", aseguró.

El posteo de Manuel Adorni en X

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se refirió al respecto y sostuvo que la jueza debió haber investigado "quién envió a esos barras a sembrar el caos". Luego agregó: "Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad".

"Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones", cerró el funcionario.

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El primero que se manifestó en contra de la decisión de la jueza porteña fue Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien recalcó que "debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza" y siguió: "Si se detienen 130 o 140 personas y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos", sostuvo.


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