28/10/2024
Se trata de 30 personas acusadas de aprovecharse de familias en situación de vulnerabilidad para ser explotadas laboralmente e inducirlas a entregarles todos sus bienes de valor. La sede central se ubica en el municipio de La Matanza gobernado por Fernando Espinoza.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Martín comenzó el juicio contra 30 miembros de la secta religiosa llamada "Templo Filadelfia" que fueron acusados de haber integrado una asociación ilícita que se dedicaba a la trata de personas, reducción a la servidumbre y abuso sexual agravado en perjuicio de una decena de víctimas.
La sede estaba ubicada en el municipio de La Matanza, en la localidad de San Justo y en la calle Centenera al 3715, pero contaba con otras sedes en varias ciudades del país. Incluso, llegaron a instalarse en Paraguay y Brasil. La cabeza de la organización es Eva Petrona Pereyra la cual logró extender sus sedes en Tucumán, Neuquén, Mendoza y Salta. Fuera de la Argentina llegaron a instalarse en Asunción y Río Grande do Sul.
Eva Petrona Pereyra
Según se denuncia, los hechos habrían ocurrido desde el año 1972 hasta el 1 de diciembre de 2020. Los acusados, por su parte, están imputados por los delitos de asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravado, en donde habría al menos 25 víctimas.
Además, una de las mujeres que ejercía como una de las líderes de la organización está acusada de coautora del delito de abuso sexual contra cuatro víctimas, de las cuales dos de ellas serían menores de edad cuando habrían sucedido los hechos denunciados.
El interior del Templo Filadelfia
Los letrados encargados de llevar adelante la causa son Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese y la instrucción de la causa estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo; de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy; y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de Carmen Chena.
La primera audiencia se realizó el pasado 23 del mes de octubre y se prevé que se desarrollen ocho audiencias en total durante noviembre y diciembre hasta determinar una posible sentencia. El fiscal del caso es Alberto Gentili.
El fiscal Alberto Gentili
Según se detalla en el documento firmado por Basso, el templo habría sido fundado entre 1972 y 1973 para luego ser registrado como una congregación religiosa en 1981. La organización buscaba personas en situación de vulnerabilidad, mayoritariamente menores y adultos de clase baja, a los cuales se les hacía creer que Dios los había elegido para que vivan en la sede central y que sus condiciones de vida mejorarían al estar allí.
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Una vez que las víctimas eran llevadas a los edificios de la secta, se les quitaba todos sus bienes y a deshacerse de sus propios hijos y/o objetos de valor. Para adoctrinar a las personas se les realizaba castigos físicos y psíquicos y eran obligados a trabajar hasta 12 horas por día en la producción de alimentos panificados y su posterior venta en la calle. Sumado a esto, las víctimas vivían en habitaciones muy pequeñas y sin ventilación, tenían una sola comida al día y los baños estaban en deplorables condiciones.
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