Masiva movilización frente a la quinta de Olivos por los recortes al sector de discapacidad

La discapacidad es uno de los sectores más golpeados en el último tiempo, pero ahora la cosa podría ponerse mucho peor. El pasado viernes 10 de mayo, se dio a conocer un decreto que contaba con el aval del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el que se desregularía por completo el sector y cada obra social o prepaga podría fijar según su interés los aranceles a las prestaciones por discapacidad.

?EXCLUSIVO EL BONAERENSE

?#DISCAPACIDAD EN PELIGRO: Masiva movilización frente a la Quinta de #Olivos contra los #recortes en el sector.

?Cientos de personas se manifestaron en #defensa del sector de discapacidad, que amenaza con sufrir más recortes. En las últimas semanas,... pic.twitter.com/m2zEZKBrRX

— El Bonaerense (@elbonanews) May 29, 2024

Frente a este avance, el Foro Permanente Discapacidad convocó a una movilización este miércoles en la Quinta de Olivos. Durante la marcha, se leyó la carta que se envió al ejecutivo para que consideren el impacto que puede tener este decreto en el sector, que afectaría a 200.000 personas y más de 10.000 trabajadores.

"Históricamente se ha tenido que luchar contra los entes que financian los servicios de atención a personas con discapacidad, por no reconocer ellos el costo que implica cumplir con la legislación vigente", expresaron en el acto central. También se agregó: "Se nos hace difícil confiar en que quienes tienen este comportamiento van a fijar un arancel acorde para seguir prestando el servicio, que afecta a más de 200.000 personas con discapacidad".

Diferentes personas se hicieron presentes hoy en Olivos. Foto: El Bonaerense

¿De qué se trata este decreto?

El decreto, que tuvo el aval del director de ANDIS, consiste en desregular los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esto quiere decir que cada empresa financiadora (Obras sociales, prepagas, PAMI, etc) pueden fijar el valor que prefieran sobre las diferentes prestaciones.

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Actualmente, estos valores rigen bajo la ley 24.901, dónde existe un nomenclador que fija un precio único para los aranceles de las prestaciones. Si esto se disuelve, cada uno de los entes financiadores podrá manejar el presupuesto que quiera para cada prestación, este presupuesto es lo que ellos le pagan a los prestadores para que brinden el servicio a las personas con discapacidad.

Masiva movilización en reclamo por el sector de discapacidad. Foto: El Bonaerense

En esta situación, las financiadoras podrían no reconocer todos los gastos que conllevan los centros y pagar mucho menos, lo que llevaría a una crisis del sistema, porque los prestadores no podrían brindar servicio. De esta manera, muchas personas perderían la posibilidad de ser atendidos en los servicios categorizados por el estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica.

Las prestaciones que actualmente reciben las personas con discapacidad son las siguientes:

• Prestaciones preventivas: las que deben darse a la madre y al niño desde la concepción para su mejor desarrollo físico-psíquico y social. Incluye la estimulación y otros tratamientos, así como el apoyo psicológico del grupo familiar.
• Prestaciones de rehabilitación: las que buscan la adquisición o recuperación de aptitudes para que una persona con discapacidad pueda lograr su integración social. Incluye la rehabilitación de capacidades motoras, sensoriales, mentales y viscerales, sean de origen congénito o adquirido.
• Prestaciones terapéuticas educativas: las que buscan la restauración de conductas desajustadas, autonomía e independencia, por medio de técnicas terapéuticas, pedagógicas y recreativas.
• Prestaciones educativas: están incluidas la escolaridad, apoyos para ir a la escuela común, la capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros.
• Prestaciones asistenciales: las que cubren las necesidades básicas de la persona con discapacidad, como vivienda, alimentación, atención especializada.

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El valor que se le otorga a las prestaciones es actualizado según el costo de vida y la inflación y es fijado por el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad. Actualmente, los entes financiadores cubren estas prestaciones en su totalidad, que son quienes les pagan a los prestadores de servicios (Centros asistenciales, de salud, acompañantes terapéuticos, acompañantes escolares, etc.).

Comunicado difundido por CASAIE (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar)

Sin embargo, los prestadores de servicios indicaron en diferentes oportunidades que los financiadores tardan en pagar o no lo hacen en su totalidad. En este contexto, es difícil pensar que, si ellos mismos fijan los aranceles, lo hagan de forma razonable para cubrir los costos que necesitan los prestadores.

Por lo pronto, la movilización no solo fue en Olivos, sino que se dio en distintos puntos de Buenos Aires y el País como La Plata, San Juan, Córdoba, Mendoza, entre otros. En una lucha dónde los únicos afectados son los chicos, jóvenes, las familias y todas las personas con discapacidad que podrían perder el acceso a diferentes prestaciones y servicios para llevar una vida digna.