Leonor Estallo Sánchez, de 100 años, llevó a juicio a su nuera, dos de sus nietos y a una escribana, acusándolos de haber falsificado el testamento de su difunta hermana para despojarle de una herencia multimillonaria en dólares.

Leonor tenía dos hermanas: Nilda, fallecida en 1978, y Zulma, quien murió en 2017 a los 99 años, padeciendo demencia senil y Alzheimer. Según lo registrado en la causa, la denunciante descubrió que antes de su muerte, Zulma habría sido manipulada para favorecer a otros miembros de la familia en el testamento, quienes ahora están siendo juzgados en el juicio oral que se lleva a cabo desde esta semana en los Tribunales de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Zulma y Leonor eran las herederas naturales de un valioso patrimonio legado por sus padres: dos extensas estancias, una de 580 hectáreas en Urquiza y otra de 2300 hectáreas en La Pampa, además de más de una decena de propiedades en Pergamino, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata.

Zulma, soltera y sin herederos directos, dejaba su parte del legado a Leonor, como lo estipulan las leyes argentinas.

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La denunciante acusa a sus familiares de haber manipulado la voluntad de Zulma y de aprovecharse de su estado de salud para lograr que transfiriera su parte del patrimonio a ellos. El juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, busca determinar si Zulma realmente firmó el testamento en su momento y si lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de sus acciones.

Durante la tercera jornada del juicio, una testigo negó haber firmado el testamento y afirmó no conocer a Zulma Estallo Sánchez. Además, una psiquiatra que la evaluó en noviembre de 2010, apenas unos días después de que se registrara el cuestionado testamento, declaró que la mujer mostraba un notable deterioro cognitivo en ese momento y que "no estaba en condiciones" de firmar ningún testamento.

Leonor ha llevado a juicio a su nuera, Noemí Sánchez; a sus nietos María Paula Giménez y Guillermo González Giménez; y a la escribana María Florencia Peries, quien está implicada en la investigación por la presunta falsificación del testamento. En caso de ser encontrados culpables, se enfrentan a penas que van desde los 12 meses hasta los 6 años de prisión. Carlos Picco es el juez a cargo de dictar sentencia.