El Gobierno identificó a los piqueteros que marcharon la semana pasada

El Gobierno aseguró que no le quitará los planes sociales a la mayoría de las personas que marcharon la semana pasada a Casa Rosada. La cartera que rige en las líneas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, afirmó que solo se quitará asistencia social a los beneficiarios que no respeten el derecho a la libre circulación.

De acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Seguridad en su informe de la operación del miércoles pasado, solo se registraron 35 infractores.

El número de sancionados es relativamente bajo a comparación de los 3.000 manifestantes que contabilizó e identificó el Gobierno en la marcha impulsada por el Polo Obrero.

Luego de la manifestación, el Poder Ejecutivo aseguró que se le cobrará una multa por $60 millones a las organizaciones sociales que participaron de la medida de fuerza. El motivo de esta suma de dinero es el gasto de las fuerzas de seguridad durante el operativo de control.

Los movimientos afectados por esta decisión son el Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.

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Con respecto a esto, el líder de la organización que llevó adelante la marcha, Belliboni, aseguró que "el servicio de seguridad, como la salud y la educación, todos lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Van a cobrar también la procesión a Luján? ¿Van a cobrar la movilización por Riquelme? ¿O se les cobra sólo a los morochos y pobres?".

En torno a la línea 134, que abrió el Gobierno para denuncias de extorsión sobre la quita de planes de los intermediarios, el Ministerio de Seguridad notificó 15.900 llamados.

La acusación se respaldó en el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales y recayó en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y en la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita.

Desde la cartera llevada adelante por Patricia Bullrich, confirmaron que se identificaron 32 personas denunciadas como presuntos autores de extorsión.