Cierran la causa judicial por la "Fiesta de Olivos"

El affaire "Fiesta de Olivos" llegó a su fin, al menos, en el plano judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazara el reclamo de una ONG que había denunciado al presidente Alberto Fernández y decidiera cerrar la causa.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad un recurso presentado por la Asociación Civil Republicana para la Justicia con la intención de ser reconocida como querellante y tener la potestad de impugnar el acuerdo de conciliación que había sido alcanzado previamente por las partes.

Los magistrados, con su presidente Horacio Rosatti a la cabeza, consideraron "inadmisible" el pedido de la ONG, a cargo del abogado Fernando Irazu, que buscaba ser aceptado como "particular ofendido".

El reclamo tenía como fin considerar a Fernández "responsable de los delitos contra la salud pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, en el contexto de las obligaciones impuestas durante el Aislamiento y/o Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dictadas por el propio Fernández a través de sucesivos decretos de necesidad y urgencia".

Esta pretensión había sido rechazada por las instancias anteriores de la Justicia y la Corte Suprema le dio la estocada final. De esta forma, al no haber ninguna parte que apele el acuerdo que exime de responsabilidad penal al Presidente y a los participantes de la reunión en plena cuarentena por el Covid-19, el fallo quedó firme.

El caso viene del encuentro realizado por el mandatario y la primera dama Fabiola Yáñez junto a amigos en la Quinta Presidencial de Olivos con motivo del cumpleaños de la segunda en el marco de la etapa de aislamiento más estricta.

La difusión de las fotos provocaron un escándalo de gran magnitud en el gobierno de Fernández, que por entonces llevaba apenas 8 meses en la Casa Rosada y aún gozaba de cierta popularidad en la sociedad.

La Justicia aceptó que el matrimonio presidencial hiciera una "reparación integral del daño" causado por el festejo del cumpleaños, mediante un desembolso de unos $3 millones destinados a entidades públicas, vinculadas con la salud.